Si algún hecho en nuestra América en el último siglo encarnó la palabra reforma, éste fue el grito de Córdoba, que hace referencia a la publicación del Manifiesto Liminar el 21 de junio de 1918, por la Federación Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Este manifiesto da inicio al movimiento continental por la Reforma Universitaria, que llega al Perú al año siguiente 1919, en el que los estudiantes de San Marcos darían comienzo a un movimiento que alcanza hasta nuestros días. 

Lo que nos corresponde a los universitarios, así como a los diversos sectores democráticos del Perú es la celebración de este centenario virtuoso, porque lo que define a la universidad pública, como espacio democrático productor de conocimientos, tiene como punto de partida aquel manifiesto levantado por los estudiantes de Córdoba hace un siglo.

El movimiento reformista pone el acento en dos cuestiones fundamentales: la democracia y la calidad de la enseñanza, pero ambas juntas conjugándose para definirse mutuamente. Democracia para el acceso y el gobierno de la universidad, así como para el pluralismo en la enseñanza; calidad para concebir a la universidad como un espacio productor de conocimientos pertinentes para el desarrollo nacional y el bienestar de la población. Todo ello en un ambiente de autonomía del poder de turno, ayer oligárquico y hoy neoliberal, para poder llevar adelante estos objetivos programáticos.

Esto es especialmente importante de recordar en el Perú, en un momento en el que vivimos en el ámbito universitario un contrarreforma privatizadora, que se quiere hacer pasar como “reforma universitaria”, violando todos y cada uno de los principios de Córdoba, de la democracia a la calidad y en especial la indispensable autonomía que define a los anteriores.

La reforma universitaria en el Perú, sin embargo, ha sido un largo proceso de avances y retrocesos que ha ido casi paralelo a la democratización del país y las respectivas reacciones autoritarias en estos cien años. Se han dado ocho normas, la mayor parte leyes, que han asumido en mayor o menor medida el espíritu reformista. Empero, el énfasis del movimiento universitario ha estado puesto en el aspecto democrático más que en la calidad producto de las sucesivas agresiones sufridas por la universidad, especialmente por la pública. 

Las agresiones han ido de la represión abierta —enseño en una universidad que en mi tiempo de vida, específicamente durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, fue ocupada por el Ejército Peruano e intervenida directamente por el Poder Ejecutivo— al abandono del Estado, principalmente económico y a la contrarreforma privatizadora, actualmente en curso.

Las agresiones han tenido respuesta en la rebeldía, principalmente estudiantil, lo que llevó en los últimos cuarenta años a una importante radicalización de este estamento. La radicalización, sin embargo, ha sido moderada con la vuelta de la democracia pero ha dejado la semilla de la desconfianza contra el poder de turno. Uno de los productos internos de esta rebeldía universitaria ha sido la mediocridad, especialmente docente, que ha significado que durante varias décadas lleguen a la cátedra personas cuyo mérito ha sido ser clientela política de los líderes estudiantiles, sin mérito alguno para ello. 

Las agresiones externas y la mediocridad han impedido que pasemos de la universidad oligárquica a la universidad reformada, dejándonos en el pantano incierto de las promesas incumplidas. Este lastre se arrastra hasta el presente y es uno de los problemas principales para llevar adelante la reforma.

Este bloqueo de la reforma universitaria es el marco de la situación actual. Hoy vivimos el momento de la contrarreforma privatizadora. Esta contrarreforma tiene dos hitos, uno el DL 882 de 1997, que permite la creación de universidades con fines de lucro y manejo empresarial, y otro con la creación de la Sunedu, por la ley 30220, como instancia reguladora desde afuera del sistema universitario. Con esto se persiguen dos objetivos, poner a las universidades en el ámbito del mercado e introducir en las universidades públicas una racionalidad tecnocrática, de enseñanza e investigación, de acuerdo también al mercado y a la empresa privada.

Lo interesante es que la contrarreforma privatizadora se da hoy en los marcos de una ley universitaria que se ha convertido en si misma en un terreno de lucha. Fruto del reclamo reformista, la ley tiene algunos aspectos positivos de gobierno y estructura académica, y otros perversos, como es el caso de la Sunedu. 

Lo que cabe entonces, en este ánimo celebratorio de los cien años del grito de Córdoba, es levantar las banderas de democracia y calidad académica para derrotar a tecnócratas y mediocres y finalmente extirpar el tumor maligno que es la Sunedu, para salir del pantano y avanzar en el logro de una universidad democrática y reformada.