Hay una institución como muy pocas que tiene “buena prensa” a pesar de su cuestionable origen y peores prácticas. Se trata de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), se supone que la encargada de regular la educación universitaria en el Perú.

Los asesores mediáticos de esta institución han logrado instalar la idea de que dirige un proceso de “reforma universitaria” en el país. Lo que sucede en realidad es, casi, lo contrario. La Sunedu jamás fue considerado en los diversos proyectos que a lo largo de más de una década se debatieron para finalmente llegar a la ley universitaria 30220. Esta ley, que sí contiene elementos muy importantes de reforma, consideraba por primera vez la necesidad de un ente regulador del sistema universitario, el Consejo Nacional de Universidades.

La propuesta de un ente regulador era un anhelo de los universitarios que habíamos pasado por la experiencia de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que no regulaba nada y cuya negligencia, por decir lo menos, dio origen a la hemorragia que ha producido las 142 universidades actuales con la mediocridad y corrupción consecuentes. Sin embargo, el debate que se produce por más de una década sobre el punto señalaba la necesidad de un ente regulador que tuviera tres características: autonomía, legitimidad y calificación. Autonomía para actuar de acuerdo a las necesidades de la academia y del país, no de algún grupo de interés particular. Legitimidad para que su autoridad reguladora sea aceptada por los universitarios y calificación para que pudieran atender esta singular tarea.

Pero este ente regulador no era, ni por composición ni por funciones, algo similar a la Sunedu. Esta última nace muerta porque depende del Ministerio de Educación y por extensión del gobierno de turno, pretendiendo, aunque no pueda, decirle qué enseñar y qué no a las universidades. Lo que pasó fue que, en el año 2014, el entonces ministro de educación Jaime Saavedra, “le cambió” los votos de la bancada nacionalista, indispensables para aprobar la ley, al Presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, por el capítulo II del proyecto que se estaba aprobando y consiguió que este ponga el texto redactado en el Ministerio de Educación por los asesores de Saavedra. En otras palabras, metieron la Sunedu por la ventana, como suelen lograr sus cosas los tecnócratas neoliberales a los que nos referimos.

Lo que ha sucedido en la práctica es que tenemos un ente intervencionista, por lo tanto ilegítimo y conformado por improvisados, sin mayor calificación, como he observado en el reciente licenciamiento de San Marcos. Tenemos entonces una ley, la 30220, mayormente buena, pero con un tumor maligno que es necesario extirpar para que no contagie al resto del organismo y termine con las bondades de la misma.

Al respecto, se han presentado iniciativas en el Congreso de la República que apuntan a cambiar la composición de la Sunedu, incluyendo a expertos elegidos por los rectores o a los rectores mismos. ¡Grave error! Hay que sacar a los rectores de la ecuación. Por ese camino rápidamente tendríamos una nueva ANR. El organismo regulador, llámese como se llame, Consejo (mejor) o Sunedu (peor), debe estar conformado por expertos que sean elegidos por los profesores principales doctores e investigadores de todas las universidades del Perú. De esta manera habrá una regulación eficaz, ilustrada y respetada por todos los universitarios y el país en general.