Leo en muchos comunicados de colectivos preocupados por el porvenir del país ante la decisión electoral del próximo 5 de junio el planteamiento de una falsa disyuntiva entre dos autoritarismos frente a los cuales habría que escoger el mal menor. No es así. No nos enfrentamos a dos propuestas autoritarias que en el mejor de los casos merecen un control de daños. Nos enfrentamos a una propuesta autoritaria, la de la familia Fujimori, que el país ya ha vivido y de la cual salió seriamente perjudicado, y tenemos, por otra parte, una propuesta democrática, la de Humala y Gana Perú, que busca la profundización de la actual democracia representativa a través de la inclusión económica, social y política de los ciudadanos, sin distinción.

El carácter criminal de la dictadura de Fujimori y Montesinos no es una invención de ninguna cabeza opositora sino que se basa en sentencias firmes de la Corte Suprema por los delitos de robo y asesinato ocurridos desde la cúpula del poder, por los cuales se encuentran sentenciados 78 altos responsables de ese gobierno. La actual candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, se niega a la autocrítica, además de presentarse rodeada de conspicuos personajes de la dictadura de su padre. Racionalmente hablando no pueden caber dudas de que se trata de la alternativa autoritaria.

La operación del fujimorismo, sus aliados de derecha y medios adictos para convertir a Humala en autoritario tiene otras características y razones. Lo presentan como violador de DDHH por una causa judicializada y archivada por falta de pruebas, pero siempre manipulada en tiempos electorales. Lo acusan de golpista cuando lo que hizo fue insurgir contra una dictadura cuando esta se negaba a irse. Le inventan una afinidad inexistente con un hermano radical con el que había roto años atrás. Por último, intentan asimilarlo, queriendo confundir su maduración con oportunismo y sin lograr tampoco que baje sus banderas de cambio.

Sin embargo, estos argumentos deleznables no ocultan lo que Humala representa. La necesidad de darle curso a la transición democrática frustrada de principios de esta década con la inclusión ciudadana sin distinción alguna. Esto significa, como lo ha recordado Julio Cotler hace pocos días, una revolución de estatus en el Perú, es decir, considerar al otro como igual en todos los órdenes de la vida. En esta sociedad, signada por la herencia colonial, no hay nada que abriría con más claridad las puertas del progreso que considerarnos entre todos como iguales. Esa es la gran esperanza democrática que depositaremos en las urnas el próximo 5 de junio.

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